IBAGUÉ. Olga Rocío López Peña dejó de pertenecer al régimen subsidiado de salud en 2015 sin imaginar que estando al borde de la muerte, las entidades de salud, funcionarios públicos y profesionales en medicina la desahuciarían en el momento más crítico de su vida.
Hace mes y medio la mujer de 40 años de edad ingresó a la USI de El Salado por una aparente gripa pero ante el continuo deterioro físico fue remitida al Espinal donde empeoró su salud. Sus familiares preocupados por su estado la ingresaron al Hospital Federico Lleras Acosta donde permanece desde hace 15 días con un posible diagnóstico de leucemia.
“No nos han definido qué tiene porque necesita que un hematólogo la revise y determine con unos exámenes especializados cuál es la enfermedad que padece. Hemos acudido a los dos únicos médicos que tienen esa especialidad en Ibagué pero ninguno ha querido venir a verla y tampoco ha sido posible garantizar su traslado porque a todos les importa más que esté afiliada a una EPS y no la salud de mi esposa”, expresó James Ospina.
Aunque la familia ha conseguido los recursos para pagarle a un hematólogo la consulta, ninguno ha atendido el llamado. “Hablamos con María Mercedes Rodríguez, médico especialista y dijo que debíamos llevar a la paciente hasta el consultorio para atenderla”, indicó Ospina.
Olga Rocío permanece en la UCI del hospital Federico Lleras a la espera de que la Secretaría Departamental autorice su traslado a un centro asistencial de cuarto nivel, pero según indicaron los familiares la respuesta es que no hay camas para ella. Por otra parte, buscaron la ayuda de profesionales de la salud en Bogotá y allí les dijeron que sí hay disponibilidad de camas pero es necesaria la autorización para iniciar el respectivo procedimiento para tratarla.
De momento la paciente necesita de sangre porque día a día su situación empeora. Mientras tanto, los familiares siguen exigiendo el derecho fundamental a la salud con los entes gubernamentales.
